La convocatoria de la Consejería de Cultura, dirigida por Vox, excluye los proyectos que impliquen «adoctrinamiento ideológico», propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas, sin especificar cómo se determinará el cumplimiento de este requisito.
La medida ha generado críticas desde el PSOE y el Ministerio de Cultura. Sin embargo, el consejero José Alberto Díaz Pico ya había anunciado en junio su intención de alejar la política cultural de la «progresía».
La nueva convocatoria de subvenciones para la preproducción, producción y distribución de largometrajes, documentales y pilotos de series de animación y televisión de Castilla y León incorpora una condición que ha abierto el debate sobre los límites de la financiación pública y la libertad de creación audiovisual. El texto establece que los beneficiarios deberán desarrollar las actividades subvencionadas con pleno respeto a los principios de objetividad, neutralidad institucional, pluralismo y servicio al interés general, y añade que los fondos no podrán destinarse a actuaciones que impliquen «adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas».
Sobre la convocatoria y la cláusula contra el «adoctrinamiento ideológico»
La cláusula figura entre los requisitos de la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León el pasado 9 de octubre. Sin embargo, las bases no definen qué debe entenderse por adoctrinamiento ideológico ni establecen criterios específicos para determinar qué producciones quedarían excluidas por este motivo.
La convocatoria está dirigida a empresas productoras con domicilio, sede social, sucursal o establecimiento permanente abierto al público en Castilla y León, así como a determinadas agrupaciones empresariales. Las ayudas cubren proyectos ejecutados entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de junio de 2027.
La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte está dirigida por José Alberto Díaz Pico, designado por Vox tras el acuerdo de gobierno con el Partido Popular. La incorporación de esta condición a las subvenciones ha situado en el centro de la polémica la cuestión de quién determinará si una película o serie incurre en adoctrinamiento y qué elementos de su contenido podrían motivar la exclusión de la financiación pública.
Las críticas del PSOE y del Ministerio de Cultura
El secretario general del PSOE en Castilla y León y portavoz socialista en las Cortes autonómicas, Carlos Martínez Mínguez, cuestionó el alcance de la cláusula en una publicación en X. «Para Vox, el derecho de libertad de expresión y creación artística que consagra la Constitución es demasiado progresista», escribió.
Martínez puso el foco en la falta de concreción del concepto de adoctrinamiento y planteó varias preguntas sobre su posible aplicación: «¿Y quién decide qué es adoctrinar? ¿Hablar de igualdad, feminismo, diversidad o memoria democrática?».
«El riesgo es que pretendan revisar la Constitución artículo por artículo hasta adaptarla a su pensamiento único. Y el PP, su socio de gobierno, sigue callado o cómplice»
afirmó el dirigente socialista cuando advirtió del riesgo de que la medida derive en restricciones a la libertad de creación.
Urtasun recurrirá el veto ante los tribunales
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, criticó la decisión en un mensaje publicado en Bluesky. «Esta es la política cultural de Vox: más censura», señaló. El ministro añadió que la medida adoptada en Castilla y León podría extenderse a la política cultural estatal y defendió la libertad de creación frente a lo que calificó de «censura y control ideológico».
Este miércoles, 21 de octubre, según ha informado elDiario.es Urtasun ha anunciado además que el Ministerio de Cultura recurrirá ante la justicia la convocatoria autonómica. El ministro considera que condicionar las ayudas a criterios ideológicos constituye una forma de censura que no debe aplicarse a la creación artística.
No obstante, hasta el momento no consta una respuesta pública de los responsables autonómicos del PP y de Vox que aclare cómo se aplicará la cláusula. Por tanto, continúa sin conocerse qué procedimiento seguirá la Consejería para evaluar este requisito ni qué órgano determinará si un proyecto lo incumple.
Díaz Pico ya anunció cambios para alejar la cultura de la «progresía»
La nueva condición se enmarca en las declaraciones que José Alberto Díaz Pico realizó al asumir la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte el pasado mes de junio. Como recogió Europa Press el 15 de junio, el consejero anunció entonces su intención de modificar la orientación de las políticas culturales de la comunidad y acabar con su «ideologización».
«Nuestra intención es hacer cambios. Cambios en la forma de entender la cultura, en la des-ideologización de la cultura. Para nosotros es importante cambiar esa idea de la cultura asociada necesariamente a la progresía. La cultura ha de ser para todos».
explica Díaz Pico en el vídeo difundido por la agencia de noticias.
El consejero defendió así una revisión de la orientación cultural de la Junta, manifestado públicamente su intención de modificar el enfoque de las políticas culturales autonómicas. La diferencia entre ese planteamiento general y la redacción de las nuevas bases reside en que estas últimas introducen una condición vinculada directamente al acceso a recursos públicos para producir y distribuir obras audiovisuales, sin desarrollar los criterios que permitirían aplicarla.
La cuestión afecta a una línea de ayudas que financia tanto largometrajes de ficción como documentales y pilotos de series. La ausencia de una definición concreta deja abierta la interpretación de qué contenidos podrían considerarse adoctrinadores y cómo se compatibilizaría ese juicio con los principios de neutralidad institucional y pluralismo que la propia convocatoria establece.
