El terremoto político ha alcanzado también a la Semana Internacional de Cine de Valladolid después de que el consejero de Cultura de Castilla y León criticara que «la Seminci tiene mucho que mejorar en neutralidad ideológica». El Ministerio de Cultura ya ha impugnado las bases de las convocatorias en las que «se condicionan las ayudas por el contenido ideológico».
En plena campaña del 29N, Castilla y León ha ocupado el foco de atención después de que la Junta autonómica lanzara una convocatoria de subvenciones para el cine español con una polémica cláusula.
El consejero de Cultura de Castilla y León, Alberto Díaz Pico (Vox), anunció el pasado miércoles 21 de octubre durante la sesión plenaria que se creará una comisión de valoración de expertos que evaluarán los proyectos y que serán seleccionados aquellos «que tengan la calidad suficiente para ser subvencionados». Y añadió que «no se puede utilizar dinero público para financiar posturas ideológicas».
El titular de Cultura no concretó qué película podría ser considerada como «adoctrinamiento ideológico», pero opinó que hay títulos que «han sido récord de recaudación y que no han tenido ninguna financiación pública».
El sector audiovisual castellanoleonés se planta ante la Junta
La Plataforma del Audiovisual de Castilla y León y la delegación autonómica de CIMA han difundido un comunicado conjunto en el que manifiestan su preocupación por la disposición 4.10 de la convocatoria de subvenciones de 2026.
Así mismo, el beneficiario deberá desarrollar las actividades subvencionadas con pleno respeto a los principios de objetividad, neutralidad institucional, pluralismo y servicio al interés general, por lo que no podrán destinarse los fondos públicos concedidos al amparo de esta convocatoria a actuaciones que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas.
Disposición 4.10 de la convocatoria de ayudas (página 7).
Ambas organizaciones han expresado un «firme rechazo a cualquier disposición que pueda condicionar la libertad de creación o discriminar proyectos cinematográficos por las ideas, perspectivas y sensibilidades que expresan».
Además, han señalado que el uso de «conceptos ambiguos» como el de «adoctrinamiento ideológico» va en contra de la libertad de expresión y de creación artística y supone una discriminación por razón de opinión.
En el documento también exigen la garantía, tal y como ha sucedido hasta ahora, de que la evaluación de las obras «no dependa de la orientación ideológica atribuida a sus autores o de las opiniones políticas o sociales expresadas en ellas«, con total transparencia sobre el comité de valoración de la convocatoria.
La legislación actual relativa a subvenciones de proyectos audiovisuales ya contempla determinadas exclusiones, como la propaganda política en los términos previstos legalmente. Para las organizaciones «permite abordar estos supuestos de manera más precisa que la que establece, sin criterio aparente, la disposición 4.10».
Igualmente, rechazan «la imagen del cine y del audiovisual español como un sector homogéneamente idologizado». En el comunicado subrayan que «el cine no recibe consignas acerca de qué historias debe contar ni desde qué perspectiva política debe hacerlo«.
Su posición, no obstante, incluye una petición expresa: proteger la convocatoria de ayudas al sector audiovisual de Castilla y León de 2026 y a los profesionales y proyectos que concurren a ella, sin plantear en este momento la impugnación o anulación de la convocatoria.
«Una eventual paralización de las ayudas podría terminar perjudicando precisamente al tejido audiovisual cuya libertad y continuidad queremos defender», afirman.
La situación ha servido también para que las organizaciones denuncien que Castilla y León dispone de «una de las dotaciones económicas para ayudas a la producción audiovisual más reducidas del territorio nacional«.
Destina 325.000 euros (en la actual convocatoria de 2026) frente a los 46,3 millones de euros en Cataluña, los 11,14 millones de euros en el País Vasco, o los 7 millones de euros en Galicia.
El Ministerio de Cultura abre la vía de actuación ante los tribunales
Tras estudiar las convocatorias de producción de largometrajes y cortometrajes para el año 2026 en Castilla y León, el Ministerio de Cultura ha visto «indicios de afectación a la libertad de creación y expresión» y «riesgos de censura y arbitrariedad«.
Por este motivo, ha procedido a presentar un requerimiento con el que se abre la vía de actuación ante los tribunales para impugnar las bases de dichas convocatorias.
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha expresado también su «apoyo» a los organizadores de la Semana Internacionales de Cine de Valladolid (Seminci) después de que Díaz Pico afirmara que el festival tiene «mucho que mejorar en neutralidad ideológica».
El cine «ideologizado» de la Seminci
El festival de cine, que celebra estos días del 23 al 31 de octubre su 71.ª edición, tampoco se ha librado de las críticas del consejero de Cultura de Castilla y León.
«Hay temáticas que no se tratan en la Seminci, temáticas históricas que puedan tener que ver con el espíritu y la presencia de España en el mundo, y todas esas temáticas no se tratan. Se trata mucho más de un cine más ideologizado”, ha declarado Alberto Díaz Pico.
En cualquier caso, ha asegurado que las ayudas autonómicas al certamen «no se están evaluando en este momento» ni está prevista ninguna modificación en el Proyecto de Presupuestos que debatirán las Cortes de Castilla y León en las próximas semanas.
