La sede de Ecija Abogados fue el lugar escogido para la celebración de un encuentro con representantes de cultura de los principales grupos políticos. Organizado por AECINE, con el apoyo de EGEDA, este espacio de diálogo directo con la industria del cine sirvió para conocer sus propuestas y compromisos con el presente y el futuro de la producción audiovisual independiente en España. Por Nerea Méndez Pérez

En la recta final de la campaña del 29-N, AECINE, con el apoyo de EGEDA, ha organizado su propio debate a cinco con representantes de cultura de Vox, Podemos, PSOE, Frente Amplio y PP. El encuentro ha reunido a productores, asociaciones, directores de festivales y demás profesionales del sector en la sede de Ecija Abogados, en Madrid.
El debate político ha contado con la participación de José Ramírez del Río (Vox), Mariano Muniesa (Podemos), Pablo Uruburu (PSOE), Nahuel González (Frente Amplio) y Sol Cruz-Guzmán (PP), que formó parte del encuentro de manera telemática.
El debate ha estado estructurado en cinco bloques con preguntas sobre el futuro de la industria audiovisual. Cada ponente ha contado con un minuto y medio aproximadamente para compartir sus propuestas en cada bloque temático, más un tiempo añadido para responder por alusión.
El futuro de la Ley del Cine y medidas para fortalecer a las productoras independientes
El diálogo ha empezado por una de las cuestiones que más preocupa al sector: la Ley del Cine. Del Río ha sido el primero en intervenir y ha manifestado que para Vox es “necesario reformar el marco normativo del sector audiovisual español” para generar una industria “más fuerte, más competitiva y capaz de atraer inversión”. Le preocupa que no haya “una definición clara y coherente en la Ley del Cine que pueda mejorar la situación del productor independiente” y una consonancia con la definición que aparece en la Ley General de Comunicación Audiovisual. “Esto genera un problema normativo y una inseguridad política”, ha convenido.
Sus propuestas pasan por fortalecer los incentivos fiscales para atraer más proyectos a España y garantizar la libertad creativa. “Queremos un cine español libre, diverso, económicamente viable y orgulloso de su capacidad”, ha concluido.
Los ponentes han estado de acuerdo con esto último, pero las medidas han variado. En el caso de Podemos, Muniesa ha expresado que “hace falta una nueva Ley del Cine que no sea una reforma de la que se ha presentado recientemente o de la anterior, porque ha quedado obsoleta en muchos aspectos”. Otro de sus compromisos es abrir un espacio de diálogo con el sector de la cinematografía y crear equipos de trabajo desde el inicio de la legislatura, de manera que pasados cuatro años se vean resultados tangibles.
También quieren materializar la creación de una Agencia Estatal de la Cinematografía, como ya se contempla en la Ley 55/2007 del Cine y defender la excepción cultural y la coordinación con los productores independientes europeos, porque “tenemos una competencia desleal por el cine norteamericano que debemos ayudar a resolver para proteger nuestra cinematografía”.
Por su parte, Uruburu ha estado de acuerdo en que una nueva ley exige “un diálogo previo para establecer un diagnóstico y unos objetivos mínimos con quienes toman las decisiones en el sector”. Entre sus propuestas, ha promovido el aprendizaje de los lenguajes audiovisuales como competencias en el sistema educativo, además de actualizar en la ley el papel que juega la cultura para la sociedad.
González ha lamentado que esta ley no haya salido finalmente adelante ahora que habían conseguido ponerse de acuerdo en más del 70% de su contenido. “Por eso, en nuestro programa electoral aparece la recuperación de la ley y de todo lo avanzado y negociado para poder consolidarlo”, ha afirmado.
Sus tres medidas han sido claras: proteger al productor independiente y que se consolide como una parte fundamental del sector industrial cultural del país; las ayudas como catapulta para impulsar la creación, generar empleo y consolidar la marca España; y, por último, garantizar que el sector cultural tenga derechos. “No existe la producción independiente, sino la libertad. Por tanto, si viene la censura difícilmente se podrá crear”, ha finalizado.
Cruz-Guzmán ha sido la encargada de cerrar este bloque abogando por una ley del cine ambiciosa, actualizada y desarrollada por y para el sector. “Nosotros vamos a dejar a un lado el manoseo del cine como propaganda, porque queremos un cine ambicioso”, ha declarado. Sus medidas pasan asegurar el diálogo con el sector; impulsar un cine independiente y la pluralidad de mensajes; y conseguir que el entramado de microempresas se vuelva más sólido con formación, estabilidad empresarial y nuevos mecanismos de financiación.

Ayudas públicas directas e inversión en cine español
Precisamente, los dos siguientes bloques se han enfocado en las propuestas en materia de financiación. Esta vez ha sido Muniesa quien ha iniciado el diálogo diciendo que es necesario duplicar las partidas en materia cultural y, respecto a los fondos audiovisuales, reforzar las cinco líneas de apoyo que cubren necesidades de producción, realización y promoción exterior.
También ve fundamental potenciar el programa Europa Creativa MEDIA: “En Europa hay grandes posibilidades para desarrollar el cine español y la cinematografía independiente, por lo que Europa Creativa MEDIA, que está orientado al desarrollo de proyectos y distribución transnacional, tendría que ser una prioridad para los gobiernos”. Además, desde Podemos buscan posicionar la industria como un Hub Audiovisual, donde España se consolide como destino de rodajes, ya que genera muchos ingresos. Y ha detallado: “Siempre con la condición de que el 80% de los beneficios se inviertan en empresas españolas”.
Para Uruburu las ayudas son un medio cuyo fin es la pluralidad, la diversidad cultural y la responsabilidad con el patrimonio cultural. Asimismo, ha subrayado la importancia de defender “el interés de un cine en español y en otras lenguas cooficiales”.
En su intervención, el representante de Frente Amplio ha empezado desmintiendo la idea de que el cine que es subvencionado es complaciente con el Estado. Entre sus medidas, ha mencionado una planificación plurianual de las ayudas que también permita al sector planificarse; simplificar los procedimientos administrativos; y afianzar las ayudas selectivas para sectores como el cine documental, de autor y de animación.
Para Cruz-Guzmán lo fundamental es que la financiación “debe llegar de forma ágil” para que no sea una travesía por el desierto mientras las productoras buscan la financiación en televisiones autonómicas y nacionales, en ayudas directas o en los financiadores del CREA. “Entre todos tenemos que crear un ecosistema bastante más favorable”, ha indicado.
El representante de Vox ha cerrado este bloque con sus medidas de mejora en este ámbito. En total han sido cuatro: previsión presupuestaria para que las empresas puedan trabajar; un proceso transparente en concurrencia competitiva; neutralidad ideológica en los proyectos; y diversificación en la financiación con un modelo que combine incentivos fiscales, mecenazgo, inversión privada y ayudas públicas selectivas.
“Creemos que el dinero de los contribuyentes tiene que servir para reforzar la industria. El objetivo es que las productoras españolas puedan crecer, contratar profesionales, asumir riesgos empresariales y competir internacionalmente sin depender de la actividad política o de quien gobierna”, ha concluido.
El papel de las plataformas y RTVE
Como ha señalado la representante del PP, una de las posibilidades de financiación se encuentra en las televisiones autonómicas y nacionales, como RTVE, pero también en las plataformas. El tercer bloque ha tenido como protagonistas tanto a televisiones como a plataformas, con un debate centrado en la obligación de inversión de ambas, las relaciones contractuales equilibradas y la transparencia de los datos.
“Creo que es importante que los entes públicos se comprometan más, en la medida de sus posibilidades, en la compra de derechos, en la coproducción y también en la producción directa”, ha comenzado el representante del PSOE. Y ha añadido: “Las comisiones públicas tienen un deber de exhibición y promoción con el cine español”.
Por su parte, González ha puesto el foco en la transparencia: “Es fundamental conocer los datos de plataformas y de radiotelevisión española con respecto a la producción independiente para saber si se están haciendo bien las cosas o no”. El representante de Frente Amplio ha afirmado que la obligación de RTVE es impulsar la creación y la producción independiente, pero que para hacerlo y mejorar la inversión se necesita una mayor transparencia.
Respecto a las plataformas, dice que es importante legislar para que un mecanismo como una gran plataforma, que tiene sus propias normas, sirva para impulsar nuestro cine. “Las plataformas tienen que ser una oportunidad para la creación, no un obstáculo”, ha señalado.
Del Río ha estado de acuerdo en este punto y ha subrayado la necesidad de “crear mecanismos para que las productoras españolas puedan mantener una parte importante de sus derechos” al firmar acuerdos con plataformas.
Cruz-Guzmán ha sido más crítico con el ente público al afirmar “el cine español está apartado de la televisión pública”. “Está fenomenal apoyar a los festivales, pero también necesitamos comunicación diaria en la radio y la televisión que no estamos viendo. ¿Cómo vamos a ir al cine si no sabemos qué películas hay?”, ha cuestionado.
El representante de Podemos, que también forma parte del Consejo de Administración de RTVE, ha contradicho la falta de presencia del cine en el panorama televisivo español, mencionando programas de TVE, RNE o Radio 3.
Muniesa ha planteado que las plataformas privadas, en función de su cuenta de resultados, tienen que contribuir a un fondo que sería gestionado por la Agencia Estatal de Cinematografía. Además, ve conveniente recurrir a una política de cuotas para la visibilización del cine nacional.

El laberinto de la propiedad intelectual
En este bloque se han planteado medidas para garantizar que las productoras independientes puedan conservar y explotar una parte de los derechos de las obras que producen y desarrollar un patrimonio audiovisual propio.
El representante de Frente Amplio ha subrayado la importancia de la transparencia contractual entre los creadores y los distribuidores. “Creo que necesitamos más transparencia respecto a la rendición de cuentas en el sector y que el modelo contractual cambie para que el creador no sienta que su obra ha sido abandonada y ha perdido toda su propiedad”, ha sugerido.
Para Cruz-Guzmán este es uno de los temas más conflictivos de la realidad digital, porque hay diferentes intereses enfrentados entre las grandes y las pequeñas plataformas y las televisiones. “Se trata de buscar una solución que al final haga que el desarrollo de la industria sea solvente. Este tema no tiene una varita mágica ni una solución que se pueda adquirir rápido”, ha reflexionado.
“Una productora independiente que no pueda conservar nada de lo que produce está condenada”, ha señalado Del Río. Y ha añadido: “Hay que crear mecanismos para que no sea posible enajenar todos los derechos de sus producciones en favor de las plataformas. Es necesario que permanezcan en manos de las productoras para que puedan ir desarrollándose como empresas”.
A la pregunta de cómo las productoras pueden realmente rentabilizar y recuperar el esfuerzo que han hecho, Muniesa ha contestado: “Nos parece que hay una medida absolutamente fundamental, que es establecer por ley que los derechos de explotación de cualquier obra audiovisual de una productora independiente le sean devueltos pasados seis años”.
Uruburu ha cerrado este bloque con una referencia a los derechos de autor y su vinculación con la inteligencia artificial. “Aquí los enemigos no son las plataformas de vídeo bajo demanda. El problema es que tenemos delante a grandes tecnólogos y oligarcas que quieren quedarse con una parte del valor de la creación”, ha declarado.
Incentivos fiscales y competitividad territorial
La jornada ha finalizado con un apartado centrado en las medidas que proponen para mejorar la competitividad, estabilidad y seguridad jurídica de los incentivos fiscales aplicables a la producción audiovisual.
“Creo que tenemos un sistema que está funcionando. Hay un consenso entre todos los grupos políticos que la diferencia existente entre el incentivo para la obra extranjera y la española es un mecanismo que es eficaz, que es medible y que tenemos que impulsar entre todos”, ha reflexionado la representante del PP.
Del Río sostiene que desde Vox van a ser “muchísimo más agresivos en materia fiscal para poder atraer más inversión a España”, ya que consideran que los accidentes y catástrofes han relegado al país a una mala posición. “La competencia entre territorios no es algo en lo que nosotros vayamos a incidir, pero también es una forma de evitar el vaciamiento de algunos territorios”, ha subrayado.
Para Muniesa, “cuando hablamos de desequilibrio territorial estamos hablando básicamente de cómo en algunos sitios es más fácil rodar cine que en otros. Obviamente, tenemos que tener en cuenta que la estructura territorial del estado es asimétrica y debemos asumirlo”, ha considerado.
El representante de Podemos plantea una revisión de los baremos del artículo 36.1 de la Ley de Impuesto de Sociedades. “Considero que los incentivos fiscales pueden ser una buena herramienta para compensar ese desequilibrio o esa no equidad en lo que puede ser el reparto de ayudas o las condiciones que cada uno puede ofrecer en cada comunidad autónoma”, ha comentado.
Uruburu ha suscrito las palabras de Muniesa y ha añadido que la mejora de los incentivos fiscales tiene que venir acompañada de la cualificación de profesionales para mejorar los recursos humanos y absorber esos rodajes.
Por su parte, González estima que los incentivos son fundamentales para dar seguridad jurídica, estabilidad y continuidad para que el sector pueda trabajar con tranquilidad. También ve necesario facilitar el acceso a los incentivos fiscales con una ventanilla única de asesoramiento público, donde interactúen diversas administraciones y haya una mejor coordinación independientemente del color político. “No solo se trata de que nuestro país sea atractivo para rodar, sino que además sea atractivo porque las condiciones laborales y del sector son buenas”, ha concluido González.