Poco a poco, en la industria española, se van incrementando los inversores privados en el cine gracias a un atractivo sistema de desgravaciones que facilita su entrada mediante vehículos como las Agrupaciones de Interés Económico (AIEs) o, más recientemente, el contrato de financiación. En RUBIK hemos contactado a empresas y entidades que trabajan para ayudar a los productores a lograr financiación privada, de forma que nos expliquen la situación actual, cómo trabajan y qué mejoras habría que hacer. Por Carlos Aguilar Sambricio
Históricamente, el cine, al menos en España, se ha visto como un sector de excesivo riesgo, además de estar envuelto de polémicas absurdas que son fruto de la politización en un país donde la Cultura todavía no se ve como un asunto de Estado.
Pero lo cierto es que es un sector con un retorno de inversión muy seguro, con índices de falencia muy pequeños, y que ofrece muy buenas desgravaciones fiscales.
Marta Mendinueta, responsable del Área Fiscal en Elkargi, admite que el desconocimiento existente en España en relación a la inversión privada en cine, sobre todo “en cómo se puede hacer”, trae como consecuencia “una percepción de inseguridad”
Según nos dice, el año pasado en SSIFF, Elkargi organizó un jornada en la que los participantes afirmaban que era “un buen momento” para el sector y la industria audiovisual. “Desde Elkargi, gracias a nuestra garantía, minimizamos el riesgo financiero de la operación, acompañamos al inversor y productores en todo el proceso y ponemos en valor las ventajas de la fiscalidad como elemento financiador de nuevos proyectos. Una realidad con plena seguridad jurídica”, explica Mendinueta.
Es evidente que, según se van derribando los prejuicios ante la inversión en cine, el interés de los inversores va creciendo, algo que es importante para los productores ante las dificultades de financiación con las fuentes habituales.
“Lo sensato es siempre prefinanciar la obra que se va a producir cerrando preventas de derechos, obteniendo subvenciones anticipadamente y asegurando los incentivos fiscales con los inversores por adelantado con estructuradores solventes”, nos cuenta Fernando de Miguel, socio y director general de Wandermoon Finance.
“Los incentivos fiscales financiados por inversores son, a día de hoy, la pieza del plan financiero más segura, pero es también la última en el puzle de la financiación de la obra ya que sólo se genera cuando la obra ha obtenido los certificados que acreditan su buen fin. Esto no significa que las productoras tengan que esperar a terminar la obra para obtener el importe de la inversión, pero sí que éste sólo estará disponible cuando se acredite la financiación completa de la producción”, afirma De Miguel.
Hay que subrayar, como nos dice De Miguel, que los inversores de las operaciones basadas en deducciones fiscales “no son inversores a riesgo de la misma manera que lo es un productor” y los que asumen un riesgo similar a los productores son “difíciles de encontrar”.
Pero, ¿cómo trabajan esos facilitadores de la financiación privada? Ignacio Segarra, CEO de Yunit, señala que ellos ayudan a las productoras “a conseguir ingresos y soluciones financieras para sus proyectos en el momento que más les convenga”. Para ello, realizan “un estudio sobre la situación del proyecto y, en función de las necesidades”, proponiendo al productor la solución que consideran más adecuada.
“Nuestra relación con los productores es cercana y de confianza. Hacemos posible que empresas y personas físicas de todos los sectores aprovechen la financiación del sector audiovisual. Nos encargamos de gestionar las deducciones fiscales para que los productores puedan financiarse y ejecutar los proyectos. Contamos con una amplia cartera de inversores privados, con diferentes perfiles de inversión”, añade Segarra.
Como nos indica también Diego Rodríguez, CEO de La Charito Films, “los proyectos suelen generar relación con las simpatías o sensibilidades de cada inversor”.
En cuanto a Wandermoon, Fernando de Miguel pone el acento en tener “relaciones estables y de largo plazo con las productoras”, con el fin de “asesorar y acompañar en todas las necesidades que surgen a lo largo del proceso de financiación y producción: ayudar a definir el plan financiero, elegir las distintas alternativas de deducción fiscal por modalidad y territorio, asesorar en los aspectos financieros, contables y fiscales que maximizan la aportación de los inversores, acompañar para obtener subvenciones, garantizar acceso a liquidez de la inversión”.
De Miguel también apunta como clave que tienen “una cartera estable, solvente y fidelizada de inversores por territorios” y recalca que sus servicios “no pueden considerarse como una mera intermediación”, ya que proponen soluciones, “adaptando la operación a la marcha del proyecto, planteando alternativas”.
Las AIEs y el Contrato de Financiación
El modelo de las Agrupaciones de Interés Económico (AIE) ha triunfado en el cine y es ya básico en la industria española, a pesar de haber sido considerado en muchas ocasiones como farragoso o que no te proporciona plenas certezas.
En opinión de Marta Mendinueta, es un modelo que “tiene su complejidad, pero es atractivo, puesto que además de las deducciones fiscales, también se transfieren las bases imponibles negativas (BINs)”. Además, las deducciones que se transfieren “son del paquete de las deducciones con límite del 50% (y no del 35%)”, si bien es cierto que “el modelo de la AIE requiere la entrada en el capital del inversor, convirtiéndole en socio de la entidad”.
En definitiva, nos dice la experta de Elkargi, “se obtienen mayores créditos fiscales (deducciones + BINs) y más fáciles de aplicar puesto que son deducciones con límite del 50%, si bien, también acarrea mayor responsabilidad”.
En opinión de Fernando de Miguel, tras sucesivas reformas de la legislación y “decenas de respuestas vinculantes de la Dirección General de Tributos”, se ha alcanzado “una seguridad jurídica y consolidación del modelo”.
Aunque De Miguel reconoce que “es una realidad que las operaciones a través de AIE tienen una cierta complejidad financiera y mercantil”, se trata de una modalidad probada y que, “con el asesoramiento y acompañamiento adecuado” no suponen ninguna complicación para las productoras.
“Quizá el elemento más engorroso es la necesidad de mantener la AIE sin disolverla durante tres años desde la obtención de los certificados de la obra. Por este motivo en una productora pueden existir varias AIEs a las que hay que dar una mínima atención contable y administrativa”, manifiesta el director general de Wandermoon.
Para Diego Rodríguez de La Charito Films, las AIEs son “una estructura necesaria para determinados proyectos en función de dónde se rueda” pero “es mucho más sencillo el contrato de financiación”. Según afirma, “es una gran alternativa, más económica y sencilla que la AIE” y que, desde su implantación, “no ha dejado de crecer”.
El contrato de financiación es, efectivamente, un nuevo e interesante elemento a tener muy en cuenta para la inversión privada.
Marta Mendinueta, que admite que Elkargi ha financiación numerosos proyectos a través de este mecanismo, señala que el contrato de financiación “no requiere la entrada en el capital, de tal manera que las obligaciones que se afloran son otras”.
“Es una alternativa muy interesante, en primer lugar, para financiaciones de importe inferior (las AIEs tienen unos costes elevados de Notaría, Registro, Constitución, etc.). Parte de su atractivo también lo tiene su sencillez, ya que se trata de un contrato privado de financiación entre financiador y financiado. Menos complejo que la AIE y más atractivo para aquellos inversores que están empezando”, asegura Mendinueta.
Fernando de Miguel considera que es positivo que existan dos modelos porque así cada productora y cada proyecto deciden cual es el modelo que maximiza la operación de inversión. “El contrato de financiación es una modalidad más sencilla y está cumpliendo su papel en la industria. No obstante, es importante que cada productora conozca también qué es lo que pierde en términos económicos a cambio de esta mayor facilidad”, asegura.
“En un análisis objetivo, el modelo de las AIEs genera a las productoras un rendimiento financiero muy superior al del modelo del contrato de financiación. Los motivos son igualmente objetivos. El primero es financiero. Es habitual que el plan financiero de una producción termine de cubrirse con la aportación del inversor, lo que implica la existencia de un ‘gap’ de financiación. En las operaciones con AIE la inversión entra en la producción como aportación de capital, generándose una pérdida contable por el importe del ‘gap’ que fiscalmente es una base imponible negativa (BIN). Al atribuirse al inversor en todo o en parte una BIN, esta forma parte de la rentabilidad atribuida y la aportación de fondos al proyecto será mayor”.
El director general de Wandermoon manifiesta que hay motivos también fiscales y operativos: “La aportación de inversión a través de AIE es mediante aportación de capital y al no pasar por cuenta de pérdidas y ganancias no tributa. En el caso del contrato de financiación el tratamiento contable de la inversión es igual al de una subvención y ha de contabilizarse como ingreso en cuenta de pérdidas y ganancias, por tanto el beneficio que se genere estará sujeto a tributación. Además, en el caso del contrato de financiación, la firma del mismo y su total desembolso deben materializarse antes de que la obra esté finalizada. Esto puede requerir que la inversión tenga que hacerse imperativamente en los primeros meses del ejercicio fiscal, lo que dificultará la entrada de los inversores”.
Por tanto, según nos dice, razones como la generación de beneficio fiscal en lugar de BIN, la producción de un alto número obras anualmente o condicionantes de ‘compliance”’ interno (algunas plataformas y distribuidoras/productoras), pueden aconsejar como primera opción el contrato de financiación.
Las desgravaciones en Euskadi y mejoras en el sector
A los reforzados porcentajes de desgravaciones fiscales en Canarias y Navarra, el País Vasco ofrece ahora unas condiciones muy atractivas, haciendo que España tenga ya varios territorios con fiscalidades de inversión muy interesantes.
“El sector audiovisual en el País Vasco está experimentando un crecimiento notable gracias a los incentivos fiscales, los cuales han convertido a la región en un destino atractivo para producciones cinematográficas nacionales e internacionales”, asegura Ignacio Segarra.
El CEO de Yunit apunta que “el incremento del porcentaje de deducción no sólo ayuda a las productoras ubicadas en el País Vasco, sino que se genera actividad para un gran número de empresas y empresarios que, de forma indirecta, se ven beneficiados por la realización de producciones en dicho territorio”.
Según Marta Mendinueta, el impacto es considerable: “En diferentes medios hemos visto definir a Euskadi como la nueva ‘meca del cine’. Y esto se debe a los incentivos fiscales de los territorios forales. Asistimos a una creciente presencia de numerosas productoras tanto nacionales como internaciones en el País Vasco”.
“Los incentivos son un verdadero atractivo, considerando que se puede generar una deducción de hasta un 70%. Independientemente del porcentaje, es vital que hagamos las cosas bien, analizando cada criterio y cumplimiento de los requisitos de la normativa para que efectivamente se genere dicha deducción. Es necesario que el proceso sea seguro. Más aún cuando la deducción se transfiere al inversor”, añade la responsable del Área Fiscal de Elkargi.
En cuanto a mejoras al sistema español para fortalecer la inversión privada, Ignacio Segarra opina que “la inversión privada se incrementaría mediante el fomento de la colaboración entre el sector público y el privado para cofinanciar proyectos audiovisuales, mediante estabilidad normativa, evitando las modificaciones legislativas que generan incertidumbre y desincentivan la inversión en el largo plazo; y mediante la equiparación de los porcentajes de deducción fiscal existentes en territorio común a los que tienen los territorios forales”.
Para Diego Rodríguez, sería buena “una política fiscal homogénea en todo el territorio —excepto en Canarias por su singularidad— y que la deducción que generase fuese mayor”.
Según Fernando de Miguel, hay una iniciativa positiva y aconsejable que proponen las asociaciones de productoras en relación al límite de intensidad: “La legislación española, acorde con la de la UE, permite que la financiación pública cubra hasta un 50% del presupuesto total de la obra audiovisual. En muchas ocasiones, el tipo de deducción actualmente aplicable no permite a las producciones maximizar ese límite de intensidad de la ayuda pública. Por tanto, sería una medida legislativa positiva permitir a todas las producciones la aplicación de deducciones hasta completar el límite de ayuda pública aplicable (subvenciones más incentivos fiscales). Homogeneizaría y maximizaría las deducciones a productoras y producciones, sin que estuvieran condicionadas por su modelo de financiación”.
