Las asociaciones representativas de la producción independiente agrupadas en PAP celebran el impulso del Ministerio de Cultura para retomar la tramitación de la Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual, pero solicitan la apertura urgente de un proceso de diálogo real con el sector antes de su tramitación definitiva.
Las Asociaciones que integran la Plataforma Audiovisual de Productores Independientes (PAP) ―AECINE, DIBOOS, PROA, PIAF-MAPA y PROFILM― han solicitado al Ministerio de Cultura la convocatoria urgente de una reunión de trabajo previa a la tramitación definitiva de la Ley del Cine.
En concreto, las organizaciones firmantes reclaman «una ley que funcione» y que esté construida «con el conocimiento de quienes la van a vivir».
Por eso, solicitan conocer el estado actual del texto y las eventuales modificaciones previstas; el establecimiento de un calendario de consulta técnica con plazos verificables; y la apertura de un grupo de trabajo específico sobre la definición de productor independiente y la actualización del articulado a la realidad del sector en 2026.
Las federaciones y asociaciones firmantes no piden paralizar la ley. Al contrario, los productores independientes representados en PAP reclaman que «la ley que se apruebe sea la que el audiovisual español necesita«.
Para ello, el sector, lejos de ser un obstáculo a gestionar, se postula es «el recurso más valioso que el Ministerio de Cultura tiene sobre la mesa para el éxito de la ley».
Las productoras son quienes mejor conocen los problemas que la norma debe resolver, los mecanismos que funcionan y los que no, y los efectos que un articulado deficiente puede tener sobre el tejido productivo. Por eso, señalan que su participación en el proceso legislativo no es una cuestión de representación, sino «una garantía de calidad técnica de la ley».
Preocupaciones de las organizaciones firmantes
A las asociaciones y federaciones les preocupa que, cuatro años después de la aprobación del anteproyecto en febrero de 2022, sigan sin haber sido convocadas formalmente a ningún proceso de revisión del texto. Y preocupa no solo como cuestión de procedimiento, sino como señal de alerta sobre la calidad técnica de lo que se está tramitando.
La reactivación parlamentaria de la Ley del Cine, explican, no fue conocida por los cauces habituales. Las asociaciones firmantes supieron de su inminente tramitación a través del seguimiento ordinario de la agenda parlamentaria.
Unos días después, a través de una publicación en Instagram que recogía la intervención del ministro Ernest Urtasun en el Congreso, en la que solicitaba a los grupos de la oposición retirar la enmienda a la totalidad y apelaba al diálogo para facilitar la tramitación.
Siendo los firmantes el sector al que la ley afecta directamente, lamentan no haber sido informados ni convocados con antelación.
El texto que se tramita no resuelve los problemas que debería
El proyecto cuya tramitación se abre ahora es, literalmente, el mismo que el Consejo de Ministros aprobó el 27 de diciembre de 2022, que quedó paralizado por el adelanto electoral, y que el Consejo de Ministros volvió a remitir al Congreso el 11 de junio de 2024 sin una modificación.
A pesar de los sucesivos anuncios de inminente tramitación, el proyecto de ley lleva bloqueado desde entonces a través de sucesivas ampliaciones del plazo de enmiendas.
El propio ministro Urtasun prometió su aprobación antes de que terminara 2025. Este plazo tampoco se cumplió. Hace apenas dos semanas, cuando el Gobierno aprobó el Plan Normativo Anual para 2026 —que recoge las normas que se prevé impulsar a lo largo del año— la Ley del Cine no figuraba entre ellas.
Durante todo ese tiempo, se ha rehusado entrar a revisar el articulado a pesar de que el sector lo había solicitado reiteradamente. El resultado es que se abre ahora la tramitación de un texto de 2022 en un sector que en 2026 ya no aplica al mismo escenario.
Las organizaciones indican que «todo ha cambiado sustancialmente desde que se redactó inicialmente este proyecto de ley», desde la irrupción de la inteligencia artificial en la producción o la consolidación de nuevas plataformas, hasta la evolución del marco europeo de ayudas y los cambios en los patrones de consumo.
«Una ley que no contempla el sector tal y como existe hoy tiene muchas probabilidades de llegar obsoleta el día de su publicación en el BOE», han declarado.
La definición de productor independiente, otro compromiso incumplido
En 2022, la Ley General de Comunicación Audiovisual (Ley 13/2022) fue aprobada en el Congreso por apenas cinco votos de diferencia, en medio de una fuerte contestación del sector independiente, porque introducía una definición del productor independiente que abría la puerta a que empresas vinculadas a grandes grupos pudieran acogerse a ella y beneficiarse de ayudas y cuotas diseñadas para proteger a las pequeñas y medianas empresas del audiovisual.
En aquella coyuntura, en una reunión en la que participaron el entonces Ministro de Economía, la Presidencia del Gobierno y el Ministerio de Cultura, representantes del Gobierno trasladaron al sector, públicamente y ante los medios de comunicación, que la futura Ley del Cine corregiría esta situación.
Ese compromiso no se ha cumplido. La definición que figura en el texto actual no resuelve el problema que el sector ya identificó entonces. Cuatro años después, el riesgo sigue siendo el mismo: que los recursos públicos destinados a proteger la producción independiente acaben beneficiando a los grupos que se pretendía equilibrar.
