El pasado agosto concluyó la segunda fase del Plan Spain Audiovisual Hub y toca hacer balance. La inversión pública gestionada por la SETT se ha instrumentado a través de 11 operaciones realizadas en 12 empresas que suman más de 244 millones de euros de inversión pública. ¿Qué opina la industria audiovisual al respecto? Por Nerea Méndez Pérez
Dicen que la fe mueve montañas. En el audiovisual español lo que mueve es dinero. Así lo ha demostrado la Sociedad para la Transformación Tecnológica (SETT) al creer en el potencial de 12 empresas y utilizar la inversión pública como palanca de arrastre de capital privado.
La estrategia forma parte de la segunda fase del Plan Spain Audiovisual Hub, en la que se han formalizado 244 millones de euros repartidos en 11 operaciones que cubren toda la cadena del audiovisual: fondos que financian producciones y coproducciones (Culture CAP7 y Moby Dick Film Capital), grupos de ficción de tamaño europeo y estudios de cine independiente (Aurora Media Inversiones, Good Films Studios Spain, Ítaca Films Madrid, Moonlight Studios Spain, The Refinery e Impulse Studio), animación con propiedad intelectual propia (Ánima Kitchent, Amuse Labs y la franquicia Milo) y espacios donde crear y postproducir (LAZONA Hub Audiovisual).
“Muchas veces se habla de que este es un sector muy estratégico, pero no se ponen las herramientas para que se pueda desarrollar como uno importante”, destaca David Ciurana, productor de Fosca Films y responsable de la cartera de modelos de financiación audiovisual de PAC – Productors Audiovisuals de Catalunya. “Esa mezcla de inversión pública para hacer que la inversión privada entre en el sector es muy buena idea”, habla en nombre de toda la asociación, “creemos que es la forma, porque lo que más falta es financiación privada para que podemos crecer y ser más potentes”.
Para Ciurana, la cuantía de los fondos es también reseñable. “El audiovisual nunca había tenido tanto dinero, Estamos acostumbrados a las ayudas a la producción del ICAA, que son mucho menos”, indica.
La iniciativa estaba dotada con 1.500 millones de euros, de los cuales, como ya mencionamos, se han formalizado 244 millones. Los fondos sin invertir tendrán que ser devueltos a la Unión Europea. El productor señala que uno de los problemas ha sido el “poco tiempo” para gestionar ese volumen de inversión. “Si se hubiese dado más tiempo para hacer un programa de cuatro años, creo que se hubieran hecho más proyectos, más inversión y también la gente habría tenido más confianza en el modelo”, explica.
La industria ha tenido conocimiento de la existencia de esta iniciativa desde que la SETT anunciara la inyección de los 1.500 millones de euros en septiembre de 2024. Sin embargo, el nombramiento de María Coronado como directoria de Audiovisual de la entidad –y gestora de estos fondos– no se produjo hasta febrero de 2025. A partir de ahí, Coronado emprendió una carrera contrarreloj por diversos festivales y mercados europeos para explicar cómo se iba a aplicar esta inversión y cómo funcionaba la presentación de proyectos. La fecha límite era el 31 de agosto de 2026.
Pilar Benito, directora general de Morena Films y expresidenta de AECINE, califica este modelo de “oportunidad perdida” y apunta el “poco margen de reacción” como una de las causas. “Es verdad que estos fondos se pidieron hace varios años, pero creo que en la industria no éramos muy conocedores de todos los requisitos. Cuando nos hemos enterado de qué se necesitaban invertir antes de agosto de 2026 estábamos en mayo de 2025”, explica. Además, añade que, si hubieran sabido desde el principio que iba a haber esa cantidad de dinero, que califica de “desorbitada”, habrían podido plantear otras maneras de invertir ese dinero en la industria.
Concentración de las inversiones
La Comunidad de Madrid y Canarias concentran la mayoría de los proyectos seleccionados por la iniciativa. De hecho, la capital española cuenta con una de las inversiones más potentes: se han destinado 98 millones de euros a Aurora Media Inversiones, una sociedad de nueva creación para levantar un grupo europeo de ficción española que nace de la inversión conjunta de Grupo Secuoya y Société Générale, con la SETT en el 49%.
“Hasta cierto punto tiene coherencia que la mayoría de proyectos sean de Madrid, porque a lo mejor es donde está el capital privado disponible para invertir”, subraya Ciurana sobre la centralización. “Y luego en Canarias sabemos por qué hay tanta actividad. Con los incentivos fiscales que hay es más beneficioso producir desde allí”, añade.
La iniciativa estaba dotada con 1.500 millones de euros, de los cuales, como ya mencionamos, se han formalizado 244 millones. “Si se hubiese dado más tiempo para hacer un programa de cuatro años, se hubieran hecho más proyectos, más inversión y habría más confianza en el modelo”, explica David Ciurana.
Benito también señala el incentivo fiscal en las islas y País Vasco como otro atractivo más a sumar a esta nueva inversión. Asimismo, destaca el establecimiento de Good Films en Ciudad de la Luz, pues ve “necesario que se aprovechen esos estudios, que son los mejores de Europa y están desaprovechados”. Y luego Madrid, “nos guste o no es donde sucede todo”, dice.
La productora de Morena Films aplaude la variedad de los proyectos, pero le generan dudas las inversiones realizadas en compañías extranjeras: “Al final lo que van a hacer es generar empleo, que está fenomenal, pero el valor de esas compañías no se va a quedar en España”.
El productor asociado a PAC comparte ese pensamiento al señalar que “ha habido unas cuantas iniciativas extranjeras que se han instalado aquí y han recibido inversión pública”. Ciurana no sabe con certeza si la razón es que no se presentaron suficientes proyectos nacionales, pero le hubiera gustado ver más apoyo a “empresas medianas y pequeñas, que son la mayoría de productoras y empresas de postproducción del sector audiovisual español”.
Entre la selección también encontramos proyectos enfocados a los efectos especiales y la animación, “que necesitan tantísima inversión que les va a venir bien”, según Benito. Uno de ellos es Amuse Labs, una nueva productora de animación infantil que “nace con el objetivo de generar IP, no tanto para producirla”, cubriendo desde el guion hasta licencias y el merchandising, como detalla Rubén Zarauza, CEO de Amuse Studios. Él es uno de los socios de la empresa de nueva creación, junto a otros socios españoles, franceses y la SETT, que ha entrado en el proyecto con un 35% de participación.
Pilar Benito califica de “oportunidad perdida” este modelo:. “En la industria no éramos muy conocedores de todos los requisitos.” Si hubieran sabido desde el principio que iba a haber esa cantidad de dinero, que califica de “desorbitada”, habrían podido plantear otras maneras de invertir ese dinero en la industria.
Zarauza explica que siempre han tenido “la obsesión de ser más generadores de IP que una fábrica para terceros”, por eso cuando surgió la oportunidad con esta financiación extraordinaria para invertir no se lo pensaron dos veces. “Tenemos un pipeline estructurado para tener producciones activas en los próximos cuatro años. Esta es una empresa que tiene un business plan que hay que cumplir y que tiene proyección. No es a fondo perdido, aquí se espera una rentabilidad”, aclara.
El directivo dice que “el verdadero retorno económico está en conseguir hacer una franquicia que tenga licencias y productos derivados para reinvertir”. Matiza que con esta inversión “nadie se quiere hacer multimillonario, sino seguir produciendo y no solo una temporada. Queremos hacer tres temporadas, una película, un desarrollo digital, un videojuego y franquicias televisivas… Ese es el objetivo”.
Las dudas que genera el modelo
Benito ve positivo tener al Estado como socio, pero aún hay dudas sobre el papel de la Administración dentro de la empresa. “Hay que tener muy claro cuál es el exit, hasta cuándo va a estar ahí”, cuestiona. “¿Qué pasa si luego cambian los partidos políticos? ¿Cómo van a tomar las decisiones dentro de esa empresa? ¿Quién tomará las decisiones desde el punto de vista público? Todo eso genera muchas dudas”, continúa la productora.
Por su parte, el CEO de Amuse Studios declara no estar preocupado por la presencia del Estado como propietario parcial. “Hay un órgano administrativo, que es lo lógico, porque es un dinero público que hay que responder con claridad y acierto”, subraya, pero le parece que es para sacar pecho con esta política audiovisual. “Cuando vas a un mercado internacional y dices que el Gobierno está invirtiendo en ti a través de una sociedad estatal participada por otras, pues al final te da un crédito”, dice Zarauza y lamenta que el sector de la animación haya adolecido históricamente de ese acompañamiento.
Ciurana apuesta por la continuidad de este modelo y señala la necesidad de transparencia y seguimiento “para la buena imagen del sector”. Para él “sería interesante hacer un seguimiento público y transparente de estas inversiones. Es decir, estas empresas han hecho estas películas y cómo han ido. O qué han hecho las empresas con esos fondos. No como medida de control, sino que es bueno que el capital privado vea que esto funciona y que es un sector invertible y en el que pueden participar”.
La industria coincide en que el modelo es mejorable y hay que analizarlo bien para medir en el futuro cuál ha sido su éxito o fracaso. Aún con escepticismo, le dan el aprobado.
