En la industria audiovisual todavía es habitual hablar de “los derechos de una canción” como si se tratara de un único sello. Sin embargo, basta con analizar cómo circula hoy la música dentro de producciones audiovisuales —series, publicidad, formatos digitales, branded content o contenidos para plataformas— para comprobar que esa idea resulta insuficiente. La música no funciona como una licencia única, sino como un sistema de derechos superpuestos cuya gestión se ha convertido en una cuestión estratégica para productores, agencias y creadores. Por Jesús Nogués, abogado del área de Media & Entertainment de Elzaburu.
El primer elemento que suele generar confusión es la propia naturaleza jurídica de la música. Desde el punto de vista legal, una canción no es una unidad indivisible.
Por un lado, existe el derecho de autor sobre la obra musical —la composición y la letra— cuyos titulares son los autores o sus editores. Y por otro, están los derechos conexos sobre la grabación concreta; esto es, el fonograma, que corresponden al productor fonográfico y a los artistas intérpretes o ejecutantes.
En términos prácticos, esto implica que una producción audiovisual puede tener autorización sobre la obra, pero no sobre el máster que finalmente suena en pantalla, o viceversa. A esta doble capa se añade un segundo nivel de complejidad: los distintos actos de explotación. La música integrada en una pieza audiovisual activa simultáneamente los derechos de reproducción (la fijación en imagen), comunicación pública (emisión o exhibición), puesta a disposición (streaming bajo demanda) y, la sincronización, una figura contractual clave en el lenguaje de la industria, que articula la autorización para integrar la obra musical en una obra audiovisual.
No todos los usos son equivalentes y una licencia válida para un circuito puede no cubrir otros canales, territorios o periodos de tiempo.
El cambio de paradigma en el consumo audiovisual ha intensificado esta realidad. Hoy, una producción ya no se concibe para un solo canal. Un contenido puede estrenarse en un festival, emitirse en televisión, circular en redes sociales, fragmentarse en clips promocionales y permanecer disponible durante años en plataformas digitales.
Cada nueva explotación puede requerir una cobertura jurídica distinta. En este contexto, la música deja de ser un elemento puramente creativo para convertirse en un activo contractual cuya gestión condiciona la vida comercial de la obra.
Pero, además, la fragmentación de responsabilidades añade otra capa de complejidad. En muchas producciones, diversas partes asumen distintos derechos en función del reparto contractual de responsabilidades entre productor, agencia, plataforma o explotador del contenido: el explotador del contenido puede cubrir la comunicación pública en determinados contextos, mientras que el productor audiovisual o la agencia creativa deben garantizar la explotación global del contenido.
Esta distribución, habitual en la práctica, explica por qué los procesos de clearance musical se han vuelto cada vez más exhaustivos y se integran desde fases tempranas del desarrollo de proyectos.
El reto se multiplica cuando la música se adapta al lenguaje audiovisual. Medleys, cortes, mezclas o reordenamientos pensados para encajar con la narrativa visual pueden constituir transformaciones de la obra original. En esos casos, no basta con una autorización estándar: puede ser necesaria una licencia específica del titular de los derechos de autor y, en determinados ordenamientos, entra en juego el derecho moral de integridad, que permite al autor oponerse a modificaciones que considere lesivas para su creación.
Este escenario ha llevado a que productores y estudios incorporen la gestión musical como parte esencial del diseño financiero y legal de las obras. Una autorización incompleta puede traducirse en bloqueos de contenido en plataformas, limitaciones territoriales inesperadas, reclamaciones por infracción de derechos de propiedad intelectual y, en su caso, la retirada total o parcial de las obras.
En un mercado donde la monetización depende cada vez más de la explotación multiplataforma, la seguridad jurídica en el uso de la música se convierte en un factor competitivo. Existe, además, una paradoja que el sector audiovisual conoce bien: cuanto más icónica es la música, más compleja —y habitualmente más costosa— suele ser su gestión jurídica. Catálogos históricos, múltiples titulares y contratos fragmentados en territorios y ventanas dificultan el clearance y alargan los plazos de producción.
De ahí que muchas compañías opten por bibliotecas musicales preautorizadas o por composiciones originales, no solo por razones creativas, sino por la necesidad de garantizar la viabilidad comercial del proyecto a largo plazo.
En definitiva, entender que detrás de cada canción conviven obra, grabación y múltiples actos de explotación permite anticipar riesgos y diseñar estrategias de producción más sólidas. Porque en un entorno donde el contenido viaja sin fronteras ni ventanas únicas, la gestión de los derechos musicales ya no es un trámite administrativo, sino una pieza clave del propio proceso creativo y empresarial.
