Los cineastas argentinos se enfrentan a una crisis sin precedentes. Desde que asumió el cargo, el gobierno de Javier Milei ha implementado agresivas medidas de austeridad que han tenido un impacto directo en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Por el Colectivo de Cineastas
El gobierno de Milei ha promovido una retórica en la que el cine argentino debe ser completamente autofinanciado, descartando el papel histórico del apoyo estatal.
Esta postura deslegitima el modelo de producción actual, a menudo utilizando afirmaciones engañosas—como vincular la financiación pública del cine con la pobreza infantil—para justificar los recortes. Como resultado, en 2024, el INCAA no financió ninguna película nueva, solo apoyó proyectos previamente aprobados.
La Ley de Cine de 1994: Un marco bajo amenaza
La industria cinematográfica argentina ha dependido durante mucho tiempo de la Ley de Cine de 1994, que estableció un sistema robusto para fomentar el cine nacional. La ley garantizó financiación mediante un impuesto sobre las entradas al cine y aportes de los canales de televisión, permitiendo que las películas argentinas se desarrollaran fuera de la lógica puramente comercial.
Esta estructura ha posibilitado la producción de películas reconocidas internacionalmente mientras fomentaba nuevas voces. Sin embargo, esta ley ahora está siendo atacada. El gobierno actual intenta cambiar las prioridades de financiación para favorecer proyectos con alto potencial de taquilla, ignorando el valor cultural y artístico del cine.
El auge del streaming y la necesidad de una legislación actualizada
Un gran desafío hoy en día es el papel de las plataformas de streaming, que se benefician de la infraestructura de Argentina sin contribuir al desarrollo del cine local. Las producciones internacionales de plataformas importantes han contratado cada vez más a equipos técnicos y actores argentinos, pero con salarios extremadamente bajos, aprovechando la inestabilidad económica. Este modelo explotador debilita la industria local mientras enriquece a las corporaciones extranjeras.
Para abordar esto, la Ley de Cine debe actualizarse para exigir que las plataformas over-the-top (OTT). como Netflix, Amazon Prime y Disney+, paguen un impuesto por el uso del espectro radioeléctrico nacional.
Estas compañías obtienen ganancias al distribuir contenido a través de infraestructura pública, pero actualmente no contribuyen financieramente al desarrollo del cine argentino. Implementar esta medida crearía una nueva fuente de financiación, apoyando a los cineastas independientes y reduciendo la dependencia de los recursos estatales cada vez más escasos.
¿Quién controla la narrativa?
Más allá de las limitaciones económicas, el cine argentino históricamente ha estado concentrado en un pequeño círculo de cineastas privilegiados, predominantemente hombres blancos, cisgénero y heterosexuales de clase media alta de Buenos Aires. Esto ha determinado qué historias se cuentan y quién las cuenta.
Aunque en los últimos años han emergido voces más diversas, ingresar en la industria sigue siendo difícil sin incentivos gubernamentales.
Sin políticas que promuevan la inclusión, el cine argentino corre el riesgo de volverse aún más excluyente, reforzando las desigualdades existentes. Un cine nacional verdaderamente representativo debe apoyar proyectos de mujeres, creadores LGBTQ+ y cineastas de regiones históricamente marginadas.
Un cine que libera
El cine argentino no debe ser solo económicamente viable, también debe ser cultural y políticamente liberador. Una industria dinámica es aquella que fomenta la libertad artística, mostrando formas alternativas de ver, vivir y existir. Las películas moldean nuestra conciencia colectiva, influyendo en todo, desde las relaciones personales hasta las normas sociales.
Por eso, el cine no puede dejarse exclusivamente a las fuerzas del mercado. Si permitimos que los intereses económicos dicten lo que se produce, corremos el riesgo de perder la diversidad artística y cultural que define al cine argentino.
Defendiendo el cine como un bien público
El cine es más que un simple entretenimiento, es un ejercicio democrático y un acto de ciudadanía. El público debe ser educado para apreciar las películas nacionales, así como los gobiernos deben comprometerse a proteger el sector. Debemos resistirnos a la idea neoliberal de que la cultura solo tiene valor si genera ganancias. En cambio, debemos reforzar la comprensión de que el cine tiene una importancia simbólica, educativa y social.
La lucha por el cine argentino es la lucha por la soberanía cultural. Si dejamos que las corporaciones extranjeras y un puñado de élites controlen la narrativa, perdemos la oportunidad de contar nuestras propias historias. Historias que reflejan quiénes somos, de dónde venimos y a dónde queremos ir.
Por eso, debemos luchar por actualizar la Ley de Cine, asegurando que las plataformas de streaming paguen lo que les corresponde y que el cine siga siendo un espacio de expresión creativa y social.
Nuestro futuro como cineastas, narradores y ciudadanos depende de ello.
