Tras más de diez años de experiencia como abogada laboral especializada en el sector audiovisual, estoy convencida de que la legalidad no es un freno o un obstáculo a la creatividad, sino una aliada estratégica para productoras, técnicos, artistas y empresas. Por Marta S. Cabello Velasco, Asesora LegiScine
Apostar por la profesionalización y la formalización legal no es un trámite secundario: es una tarea urgente y, al mismo tiempo, la mejor inversión para construir un futuro sólido, competitivo y sostenible para nuestra industria.
El sector audiovisual es una de las expresiones más potentes de talento, creatividad y cultura. A través de él se generan obras que emocionan, hacen reflexionar y transmiten la identidad de una sociedad. Sin embargo, además de ser un espacio artístico, el audiovisual es también industria, empleo y futuro. Su enorme potencial no se puede medir únicamente en términos de excelencia técnica o calidad creativa: para garantizar su consolidación y sostenibilidad es necesario fortalecer la dimensión jurídica y laboral que lo sostiene.
Aunque cada vez existen más productoras que actúan con plena profesionalidad y se convierten en referentes, todavía persisten prácticas informales: contratos ambiguos, figuras contractuales mal empleadas o un cumplimiento insuficiente de los convenios colectivos. Estas carencias no solo perjudican a los trabajadores, también exponen a las productoras a riesgos jurídicos y perpetúan una cultura de informalidad que frena el desarrollo del sector.
Escenas de riesgo: la cultura de la informalidad
Con frecuencia se justifica esa precariedad con frases como “no hay presupuesto”, “siempre se ha hecho así” o “es la única forma de sacar adelante el proyecto”. Pero normalizar esas prácticas es debilitar al sector en su conjunto. Un presupuesto responsable nunca debería sacrificar la formalidad legal: lo que parece un ahorro acaba transformándose en conflictos, sanciones y costes mucho mayores.
El trabajo irregular o gratuito bajo la promesa de “ganar experiencia” no es una oportunidad, es precarización. A la larga, provoca fuga de talento, desmotivación y una percepción negativa del audiovisual como espacio de empleo.
La informalidad, además, genera inseguridad jurídica para las propias productoras: contratos mal redactados o nóminas poco claras son focos de conflictos que pueden detener un rodaje y multiplicar los costes. Por el contrario, anticiparse desde la fase de desarrollo y contar con asesoría especializada permite diseñar soluciones legales, viables y ajustadas al presupuesto.
El casting legal: la necesidad de profesionales especializados
Uno de los principales retos es la falta de perfiles especializados en la gestión legal y laboral de las producciones. Todavía existen productoras que recurren a profesionales generalistas que aplican soluciones estándares que no se ajustan a las particularidades del audiovisual.
Este sector no es uno más: tiene dinámicas propias, convenios complejos, regímenes específicos de cotización y ritmos intensos que exigen soluciones precisas e inmediatas. Solo un profesional con experiencia en el audiovisual puede anticipar riesgos, estructurar contratos adecuados y garantizar que las condiciones laborales respeten la ley sin comprometer la viabilidad del proyecto.
Nuestro papel va más allá de la prevención: aportamos seguridad jurídica, confianza a los equipos y tranquilidad a las productoras. Igual que nadie selecciona a un protagonista sin preparación, tampoco se debería prescindir de un asesor legal con conocimiento específico del sector.
Avance normativo: luces y sombras
Los últimos cambios legislativos han supuesto un nuevo guion jurídico para el audiovisual. El Real Decreto-ley 5/2022 amplió el ámbito de aplicación de las relaciones laborales de carácter especial e introdujo la figura del contrato artístico de duración determinada. El III Convenio colectivo de técnicos audiovisuales, por su parte, estableció modificaciones sustanciales como la nueva jornada ordinaria y su diferenciación con las jornadas especiales.
Estas normas han supuesto un gran avance, pero también han generado dudas e interpretaciones dispares que alimentan la inseguridad jurídica que afecta tanto a productoras como a trabajadores. Cuestiones clave como el encuadramiento en Seguridad Social de algunas categorías o el cómputo de horas extraordinarias han provocado criterios contradictorios, incluso entre las propias administraciones.
En este escenario, el acompañamiento de profesionales especializados vuelve a ser esencial: no basta con conocer la norma, hay que saber aplicarla correctamente al contexto audiovisual, garantizando criterios uniformes y evitando conflictos.
Convenios colectivos: complejidad y mínimos innegociables
Es cierto que los convenios aplicables al audiovisual son complejos y, en ocasiones, difíciles de interpretar. La diversidad de situaciones en un rodaje añade más matices.
Sin embargo, hay mínimos que no admiten discusión y tampoco deberían ser negociables: límite de 12 horas diarias de jornada laboral, respeto a los descansos obligatorios en y entre jornadas, pago transparente y separado de horas extraordinarias, pago de dietas por desplazamientos, y carácter excepcional de las jornadas especiales, que no deben convertirse en norma.
Cumplir con estos mínimos no es opcional: protege a los equipos, fortalece a las productoras y evita litigios y sanciones que podrían comprometer toda una producción.
Contratos y nóminas: de la opacidad a la transparencia
En muchos contratos aparece todavía la llamada “cláusula según convenio”, un recurso que se ha normalizado pese a ser incorrecto. Esta práctica genera ambigüedad y, en la mayoría de los casos, resulta en una aplicación incompleta de los derechos laborales. Un contrato no puede ser un simple formalismo que sirva para cubrir el expediente; debe ser un documento claro, detallado y ajustado a la normativa vigente.
Del mismo modo, se han extendido las nóminas “todo incluido”, que engloban en un único concepto todo el salario, sin diferenciar entre sueldo base, complementos salariales, horas extraordinarias, pluses o dietas. Esta opacidad no solo dificulta que los trabajadores conozcan con precisión lo que están percibiendo, sino que incumple los criterios jurisprudenciales.
La falta de transparencia contractual y retributiva precariza las condiciones laborales y genera un terreno de inseguridad jurídica tanto para el trabajador como para la empresa. Profesionalizar esta parte significa contratos claros, nóminas transparentes y condiciones laborales dignas con derechos respetados.
Sembrar la cultura de la legalidad en las escuelas de cine
Para transformar el sector es necesario empezar desde la base. Algunas escuelas de cine ya han incorporado en sus programas módulos dedicados a la dimensión legal y laboral. Esta formación es clave: los futuros directores, productores, técnicos o guionistas deben conocer sus derechos y obligaciones básicas al mismo nivel que dominan el lenguaje cinematográfico.
Incluir en la enseñanza contenidos sobre contratos, convenios colectivos, Seguridad Social o prevención de riesgos no resta espacio a la creatividad, sino que garantiza la viabilidad de los proyectos. Si logramos que esta cultura se extienda en la formación, estaremos sembrando desde la raíz un sector más profesional y sostenible que verá la legalidad como parte de su identidad.
Romper la barrera del miedo a reclamar
Un obstáculo silencioso que alimenta la precariedad es el miedo. Muchos trabajadores tienen que callarse ante abusos por temor a no volver a ser contratados. Esta amenaza implícita de ser despedido o vetado si se reclaman derechos básicos constituye una de las grandes barreras para la profesionalización.
Romper esa barrera es indispensable. Reclamar derechos no debe entenderse como un gesto de confrontación, sino como un ejercicio de responsabilidad compartida. Cuando un trabajador defiende sus derechos, también está defendiendo la sostenibilidad y la seriedad de la producción.
Las productoras responsables tienen aquí un papel esencial: crear y garantizar un clima de confianza, donde la transparencia contractual y el respeto a los mínimos legales eliminen la necesidad de conflictos.
Los beneficios de legalizar: más recorrido, más confianza, más futuro
La legalización no solo evita sanciones o conflictos: multiplica las oportunidades de un proyecto. Una producción legalizada accede con mayor facilidad a festivales, ayudas públicas y circuitos internacionales, transmite confianza a inversores y coproductores, atrae y retiene talento, reduce problemas durante el rodaje y la postproducción, y proyecta una mejor imagen pública e institucional.
Legalizar no es solo más justo: es más competitivo. A medio y largo plazo, quienes invierten en formalizar sus proyectos ganan ventaja frente a quienes siguen instalados en la informalidad.
La preparación legal de un rodaje no debe entenderse como una carga, sino como una herramienta de protección y competitividad. Un proyecto con bases jurídicas firmes reduce riesgos, atrae inversión, fortalece su reputación y crea un entorno laboral más justo.
Legalizar y profesionalizar el audiovisual no es un gasto: es una inversión estratégica. El futuro del cine y de las producciones audiovisuales también se construye desde la legalidad. Solo si técnica, arte y normativa caminan juntas podremos consolidar un sector competitivo, justo y con futuro.
