El adelanto de las Elecciones Generales en 2023 provocó que la Ley del Cine y la Cultura Audiovisual se quedara en el limbo. Más de dos años después de la reelección de Pedro Sánchez, parece que por fin el proceso podría iniciar pronto su tramitación parlamentaria. Por Carlos Aguilar Sambricio
RUBIK ha entrevistado a Ignasi Camós, director general del ICAA, para abordar muchos de los detalles más relevantes de esta ley así como de otras cuestiones legislativas que preocupan a la industria.
Rubik: La tramitación de la Ley del Cine quedó paralizada por las circunstancias políticas. Ahora que se quiere retomar el proceso, ¿cuál sería el cronograma previsto?
Ignasi Camós: La Ley del Cine está en el Congreso de los Diputados. Fue enviada por el Gobierno en el mes de junio de 2024 y ahora es la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados quien debe tomar la decisión de proceder a su tramitación.
Sabemos que hay en esta Comisión alguna Ley más avanzada, como es la Ley de Creación de la Oficina Española de Derechos de Autor, y que ha habido negociaciones entre los grupos políticos y el sector en el ámbito de la Ley del Cine para fijar posiciones y avanzar en la misma, pero no tenemos más noticias al respecto.
Esperamos y deseamos que este período de sesiones que ahora empieza sea el período de la tramitación de la Ley del Cine y la Cultura Audiovisual.
Rubik: Una de las cosas que más preocupa a los productores es la retención de la propiedad intelectual en un mundo de gran colaboración con grandes multinacionales con los que acaban ejerciendo como service y, por tanto, España pierde soberanía cultural. ¿Cómo estáis trabajando en para salvaguardar sus derechos y que sean ellos los beneficiarios de ayudas que corresponden únicamente a los verdaderamente independientes?
I.C.: Las ayudas que el ICAA establece siempre se otorgan y se van a seguir otorgando a los productores independientes. Las películas cinematográficas producidas directamente por prestadoras de servicios de comunicación audiovisual quedan al margen del régimen de ayudas del ICAA.
“El ICAA no entra en la retención de IP y las relaciones entre las productoras independientes y los operadores audiovisuales, que se basan en contratos privados”
En el caso de otras obras audiovisuales, podrán recibir ayudas las coproducidas por una productora independiente y una prestadora del servicio de comunicación audiovisual comunitaria. El ICAA no entra en la retención de IP y las relaciones entre las productoras independientes y los operadores audiovisuales que se basan en contratos privados, pero obviamente sí que velamos por reforzar el papel y peso de la producción independiente.
Rubik: La ley ya no es sólo de Cine, es también de Cultura Audiovisual, y ahora las plataformas cuentan con obligaciones de inversión como las televisiones. Sin embargo, son entidades muy poco transparentes en sus datos. ¿Se va a abordar en esta ley o en otras esta demanda de transparencia para estos servicios de streaming?
I.C.: Hay una sección del Proyecto de Ley de Cine y de la Cultura Audiovisual dedicada a la transparencia y defensa de la competencia. En esta sección se incluye una nueva regulación respecto al control de asistencia y, también, de visionados de las películas cinematográficas y de otras obras audiovisuales realizadas mediante servicios de comunicación audiovisual.
Creemos que esto permitirá asegurar la suficiente competencia en el sector audiovisual, el pleno ejercicio de los derechos de propiedad intelectual por parte de sus titulares y la adecuada elaboración y evaluación de las políticas públicas en la materia por parte de los poderes públicos.
Rubik: En el Anteproyecto anterior de la Ley del Cine se abría la puerta a las ayudas a obras audiovisuales distintas a las cinematográficas. ¿Esto se articulará con líneas de ayudas propias y en perjuicio de los largometrajes, al no haber posibilidad de aumentar la dotación? ¿En el texto que se está trabajando ahora hay variaciones a este respecto?
I.C.: El Proyecto de Ley de Cine y de la Cultura Audiovisual incluye, en el apartado de las ayudas la producción, la previsión de ayudas para la producción de largometrajes y de otras obras audiovisuales sobre proyecto, así como las ayudas para la producción de cortometrajes.
Por otras obras audiovisuales debe entenderse aquellas que no estén destinadas en primer término a ser exhibidas en salas de exhibición cinematográfica, sino que llegan al público a través de otras modalidades de comunicación pública o de distribución. En esta categoría se incluyen, además de otras obras, las películas para televisión y series televisivas.
Nunca se tratará de ayudas en perjuicio de las películas cinematográficas, al contrario, tendrán que ser líneas de ayudas adicionales ajustadas a las especificidades de estas otras obras audiovisuales.
Rubik: Los productores españoles se quejan de un diferencial en los incentivos fiscales que favorece a las producciones extranjeras que ruedan en España. ¿Esta ley, u otras, va a buscar atajar esta situación?
I.C.: Se trata de una cuestión que no es competencia estrictamente al Ministerio de Cultura ya que los incentivos fiscales están referidos al Impuesto de Sociedades que corresponde al Ministerio de Hacienda. Pero obviamente hemos dado traslados al Ministerio de Hacienda sobre esta situación, sobre la necesidad de una equiparación de régimen de incentivos entre rodajes naciones y rodajes internacionales.
“Las ayudas a otras obras audiovisuales nunca serán en perjuicio de las películas cinematográficas, al contrario, tendrán que ser líneas de ayudas adicionales”
También nos consta que el sector mantiene conversaciones con el Ministerio de Hacienda al respecto para valorar alternativas a este régimen diferencial y valorar los efectos de esta situación.
Rubik: Hay territorios en España que tienen la posibilidad de ofrecer unos incentivos fiscales mayores, lo que genera un desequilibrio en la competencia en el mercado. Lo ideal sería poder ofrecer a nivel estatal unas deducciones similares. Si no fuera posible por decisión de Hacienda, ¿qué alternativa puede haber?
I.C.: La existencia de un régimen fiscal diferenciado entre los territorios de España está condicionado por la existencia de regímenes forales e insulares y su capacidad para establecer estos incentivos.
Estamos igualmente trabajando para mejorar esta situación y que en un contexto internacional en el que la atracción de producciones depende de esta vía de financiación, podamos ser más competitivos a nivel internacional. España goza de un gran prestigio y seriedad a nivel de profesionales y productoras y cualquier mejora en el régimen de los incentivo puede permitir optimizar este prestigio y posicionar mejor a España en el contexto internacional
Rubik: Es evidente que nunca un sistema de puntuación en las ayudas va a ser a gusto de todos pero el actual ha despertado muchos recelos. ¿De qué forma se pretende mejorar el sistema?
I.C.:El sistema de puntos para las ayudas generales a la producción y ayudas selectivas (aunque sólo sea el 50%) es, sin duda alguna, un sistema objetivo pero obviamente adolece de imperfecciones, muchas veces fruto de los cambios que se han ido introduciendo siempre de la mano de las peticiones y consenso con el sector.
“Hemos dado traslados al Ministerio de Hacienda sobre el diferencial de los incentivos fiscales (que favorece a rodajes extranjeros) y la necesidad de una equiparación. Nos consta que el sector mantiene conversaciones con ellos para valorar alternativas y los efectos de esta situación”
Anualmente hablamos con las asociaciones de productores y vamos viendo mejoras en el sistema que permitan que cada vez haya más productoras beneficiarias, que se ponga el acento en la viabilidad y solvencia del proyecto y que refuerce el importante peso de la industria audiovisual.
Hay margen de mejora y en eso estamos trabajando con el sector. Si una cosa caracteriza mi mandato es el diálogo permanente con toda la industria audiovisual: creadores, productores, operadores, distribuidores, exhibidores. Fruto de ese diálogo las mejoras acordadas siempre van acompañadas del apoyo de la industria audiovisual.
Rubik: En el anterior texto de la Ley del Cine se preveía la creación del Consejo Estatal de la Cinematografía y de la Cultura Audiovisual. ¿Va a seguir siendo simplemente consultivo o se prevé que se constituya más como la Agencia autónoma que se pensó implantar años atrás? ¿Hay novedades sobre lo que se quiere hacer con él?
I.C.: El Consejo Estatal de la Cinematografía y de la Cultura Audiovisual es una de las prioridades de la Ley del Cine y vamos a ponerlo en marcha tan pronto esté aprobada la ley. Va a ser un instrumento fundamental para favorecer una mayor colaboración público-privada en este ámbito; para participar en la formulación, aplicación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas en el ámbito de la cinematografía y la cultura audiovisual que sean competencia del Estado; para desarrollar un Plan de Fomento de la Alfabetización en Cultura Cinematográfica y Audiovisual y de creación de audiencias; así como para impulsar mecanismos de conciliación, mediación y arbitraje para la propuesta de acuerdos y solución de controversias que puedan existir entre los agentes que intervienen en el ámbito de la cinematografía y el audiovisual.
Va a ser un organismo fundamental para el diseño de las políticas públicas cinematográficas y donde esté representado todo el sector.
Rubik: Las salas de cine son ahora mismo el eslabón más débil de la cadena audiovisual. Una de sus mayores reivindicaciones es que se establezca un modelo que, aunque sea más flexible que el francés, permita por ley un tiempo como primera ventana a los cines. ¿Se contempla una ventana de este estilo?
I.C.: El Proyecto de Ley de Cine y de la Cultura Audiovisual no incluye las ventanas de exhibición, o período mínimo en el que una película tiene que exhibirse en salas de cine. Entendemos que el propio mercado y la relación productores-distribuidores ya fija las ventanas y creemos que debería llegarse, en todo caso, a un debate en todo el sector sobre la idoneidad de las mismas y su duración.
Creo que esta puede ser una de las primeras tareas del Consejo Estatal de la Cinematografía y de la Cultura Audiovisual del que antes hablamos.
“El Consejo Estatal es una de las prioridades de la Ley del Cine y vamos a ponerlo en marcha tan pronto esté aprobada la ley (…) Va a ser un organismo fundamental para el diseño de las políticas públicas cinematográficas”
Rubik: Las salas, que son verdaderos templos de cine, están en riesgo. Cada vez hay menos salas en el centro de las ciudades y hay muchos territorios amplios sin cines en la España Vacía. ¿Se plantea algo, desde el punto de vista legal, para proteger y fomentar el mantenimiento y crecimiento de este patrimonio?
I.C.: Sin duda, debemos apostar por recuperar o reforzar el hábito de ver películas en el pantalla grande. En el macro de la celebración del Día del Cine Español, estamos apostando por llevar el cine a localidades donde habitualmente no hay cines o las posibilidades de acceder a una sala de cine es más limitada.
En concreto, desde hace dos años el núcleo central del Día del Cine Español extendido se enmarca en el proyecto global Cine y Mujer Rural impulsado por el de Agricultura, Pesca y Alimentación que abarcará hasta un total de 489 localidades de toda España. También el proyecto Cine Escuela, que acaba de arrancar, tiene el objetivo de crear el hábito de ir al cine entre los públicos más jóvenes. Sí creemos que es importante que el cine llegue a todo el mundo.
“Entendemos que el propio mercado y la relación productores-distribuidores ya fija las ventanas y creemos que debería llegarse, en todo caso, a un debate en todo el sector sobre la idoneidad de las mismas y su duración. Puede ser una de las primeras tareas del Consejo Estatal”
Rubik: La distribución y producción independiente se quejan de que la cuota para cine comunitario e iberoamericano, en el anteproyecto anterior, descendía del 25% al 20%. ¿Se va a mantener esa idea de bajar esa cuota?
I.C.: Será esta una cuestión abierta al debate en el marco de la tramitación parlamentaria, como muchas otras planteadas anteriormente. Lo importante desde el ICAA es promover y fomentar la programación de cine español y europeo porque las cifras demuestran que es un cine que cada vez interesa más, por su calidad y éxito.
Hay muchos cines en España que superan la cuota del 30 o 25% y creemos que debemos fomentar y premiarles por el esfuerzo que realizan y la apuesta por el cine español y europeo.
Rubik: Como no quiero circunscribirme sólo a la Ley del Cine, quería saber la situación de la ansiada Ley de Mecenazgo en lo que afecta a la parte de cine. Esta ley así permitiría alternativas a la financiación pública. ¿Se están dando pasos últimamente hacia ello o es algo paralizado?
I.C.: Más allá de la Ley de Mecenazgo, que no compete al Ministerio de Cultura, me gustaría señalar que el 20 de diciembre de 2023 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. Entre las modificaciones aprobadas, todas ellas con efectos a partir del1 de enero de 2024, se incluían varias medidas destinadas a mejorar los incentivos al mecenazgo y fomentar así la inversión tanto de particulares como de personas jurídicas residentes y no residentes.
“La cuota de pantalla será una cuestión abierta al debate en la tramitación parlamentaria (…) Hay muchos cines en España que superan la cuota del 30 o 25% y debemos fomentar y premiarles por el esfuerzo que realizan y la apuesta por el cine español y europeo”
A raíz de la inclusión de algunas novedades, no solamente se ha beneficiado a las entidades sin fines lucrativos y su fomento, además de otorgar beneficios fiscales a los donantes a dichas entidades, sino que además tienen consecuencias directas en el impulso de la cultura e investigación.
Por tanto, con el impulso de estos nuevos incentivos fiscales, algo que las entidades culturales llevaban tiempo reclamando, se hacen más atractivas las aportaciones realizadas por parte de los donantes, ya sean personas físicas o jurídicas, al tercer sector.
